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Nuevo marco penal en materia de propiedad intelectual e industrial

Autor: Gonzalo Santos

Ayer, 1 de julio de 2015, entró en vigor la reforma del Código Penal que, entre otras medidas, establece penas más elevadas para los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, tipificados en el Capítulo XI de dicho texto legal.

La reforma aumenta las penas previstas en los artículos 270, 271, 274 y 276 de tal manera que el tipo básico para un delito contra la propiedad intelectual o determinados delitos contra la propiedad industrial (artículos 270 y 274, respectivamente) pasa a castigarse con penas de prisión de seis meses a cuatro años frente a la pena de entre seis meses y dos años vigente hasta la fecha. Asimismo, las penas para el tipo agravado de estos delitos (artículos 271 y 276) aumenta, pasándose de una pena de prisión de uno a cuatro años a otra de dos a seis años y de una pena de multa de doce a veinticuatro meses a otra de entre dieciocho y treinta y seis. Las penas relativas a la fabricación o puesta a disposición de medios destinados principalmente a eludir las medidas de seguridad con las que se protege una obra de propiedad intelectual también se incrementan, alcanzando ahora un máximo de tres años de prisión frente a los dos años máximos establecidos antes de la reforma.

Además de un aumento significativo de las penas, se modifica el tipo de los delitos contra la propiedad intelectual, recogido en el artículo 270. Concretamente, la necesidad de que concurra ánimo de lucro ha sido sustituida por “el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto”. También se incluyen nuevos apartados en el citado artículo que buscan luchar de forma más efectiva contra las páginas web de enlaces.

Otra novedad significativa es la posibilidad de imponer las penas fijadas en el artículo 270 a exportadores e importadores de obras de propiedad intelectual cuando dicha actividad se produjera sin el consentimiento de los titulares de derechos. Además, se prevé la posibilidad de aplicar las mismas penas a  quienes faciliten dichas conductas y a aquellos que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y con la finalidad de facilitar el acceso de terceros a obras de propiedad intelectual, eludan o faciliten la elusión de medidas tecnológicas destinadas a proteger dichas obras.